La Constitución, la ciudadanía, la resistencia, la democracia y los derechos están en juego en la Consulta Popular del próximo 16 de noviembre.
En estos tiempos sombríos en que el poder se reviste de hierro y horror, el Estado, que alguna vez fue promesa de cuidado y amparo, se ha vuelto un espectro indiferente, que vaga entre ministerios obsoletos. En nombre de un supuesto orden y “eficiencia” económica, se han cercenado sus capacidades, como quien mutila a un cuerpo vivo.
En prácticamente todos los hospitales, hay carencias de recursos, solo se percibe el eco del dolor; la educación, reducida en sus capacidades, hace que el futuro de las próximas generaciones se marchite, haciendo del cultivo de la ignorancia la nueva ley. Se han afectado gravemente los sistemas de protección social, haciendo del miedo y la angustia, los protagonistas principales del “Nuevo Ecuador”.
Bajo las turbias e indolentes administraciones de Moreno, Lasso y Noboa, la nación ha sido mancillada por el dogma neoliberal del saqueo, la usura y el credo sin alma, del ataque permanente al Estado. Los pocos ricos prosperan entre los escombros, mientras el pueblo, sin abrigo ni esperanza, transita entre la angustia y la desesperación. Ahí donde el Estado abdica, la injusticia reina. Este es el gran triunfo de las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI), viejo pontífice de la miseria, que consume lentamente al país.
Para el modelo necropolítico-neoliberal y los sacerdotes del FMI, la justicia social es una palabra proscrita. La salud, la educación y la seguridad, no son derechos, sino mercancías; sólo quien puede pagarlas es digno de acceder a ellas. Las minorías acaudaladas, compran su bienestar como compran el pan de cada día, mientras las grandes mayorías empobrecidas, mendigan no solo un trabajo, sino el derecho elemental a una vida digna, o a no morir antes de tiempo.
Desde hace ocho años, esta doctrina disfrazada de cifras, negociados y decretos, ha implantado una forma macabra de gobierno, cuya política pública ya no es el arte de cuidar al pueblo, sino la técnica sombría de administrar quién vive y quién sobrevive o muere. Vivimos tiempos de una necropolítica-neoliberal, en donde el Estado ya no protege, sino que abandona; ya no cura, sino que enferma (angustia, estrés, miedo, hambre, etc.); ya no defiende, sino que persigue y encierra a quien se lamenta o protesta.
En este escenario de despojo y violencia cotidiana, la fraternidad no cotiza, la solidaridad no genera interés, y el Estado, que se tambalea, para no caerse, se aferra al bastón del autoritarismo, que más que un accidente o hecho fortuito, se convierte en el modus operandi que facilita el saqueo, o es el cómplice alcahuete que garantiza que los desposeídos sigan donde están, sin rechistar.
La ley se endurece donde la justicia se ausenta, el miedo reemplaza al consenso, y el silencio del pueblo se confunde con obediencia. El Ecuador, antaño conocido como “Isla de Paz”, “Tierra de Esperanza” o «Jaguar de Latinoamérica”, se ha transformado en un territorio ocupado por el hambre, el crimen y la muerte, que vagan libremente por sus avenidas.
En este escenario, el país se ve confrontado a una nueva amenaza. El gobierno neoliberal de Noboa busca alterar la Constitución del 2008, para poder hacer de los bienes públicos y comunes mercancías que se venden al mejor postor. Activos que se subastan (escuelas, universidades, áreas protegidas), para convertirlos en propiedad de unos pocos explotadores de nuestro destino. Ecuación infame, que pretende hacer de la vida misma, un tributo para los grupos de poder.
Aquí cabe recordar, que la Constitución del 2008 es el reflejo de un sinnúmero de luchas y conquistas sociales (étnicas, ecológicas, de género, de los trabajadores, etc.), que encontraron su vía y su cauce en la expresión de leyes e instituciones encaminadas a alcanzar una mayor cohesión social, tejiendo y unificando las diversas demandas sociales. Cada derecho y cada institución, es una cicatriz visible de esas reivindicaciones históricas, huellas de las batallas ganadas por aquellas y aquellos que nunca se resignaron.
Las sombras del autoritarismo acechan y aparece ahora con rostro nuevo y lenguaje impostor. Noboa se ha propuesto modificar la Constitución (2008), para cambiar la estructura del Estado, porque supuestamente tiene «errores» y trampas legales que limitan la gobernabilidad, o, en otras palabras, porque restringe las posibilidades de ceder territorio a potencias extranjeras, privatizar sectores estratégicos, o explotar sin medida, tanto a las y los trabajadores, como a la naturaleza.
Si la Constitución cae en manos de las élites económicas –en el poder desde hace 8 años-, se convertirá en la nueva fortaleza del privilegio. La codicia de unos pocos, no dudará ni un segundo en derribar las conquistas sociales plasmadas en la Constitución del 2008, tal como viene sucediendo con el desmantelamiento del Estado y de los servicios y públicos.
Cuando el Estado olvida su origen, cuando reprime en lugar de amparar, cuando deja de ser hogar y se vuelve prisión, obliga o empuja nuevamente a las sociedades a buscar nuevos cauces y abrir nuevos caminos para deliberar sobre su destino.
En tiempos de barbarie neofascista, necropolítica y neoliberal, la defensa de la Constitución del Ecuador de 2008 es un acto de resistencia frente al posible retorno de un Estado mínimo y mercantilizado. Representa la defensa de un pacto social progresista, construido colectivamente y orientado hacia la justicia, la dignidad y la vida en común. En contraposición a la lógica neoliberal, propone un modelo de Estado garante de derechos, capaz de articular justicia social, ecológica y cultural, y de construir un futuro donde la vida humana y la naturaleza no sean medios del capital, sino fines en sí mismos.
La Constitución de 2008 reconoce derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Hace de la educación, salud, vivienda y trabajo digno, derechos fundamentales. Prioriza la equidad y la justicia social, incorporado también los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza (“Pachamama”), estableciendo un avance frente a constituciones tradicionales, centradas únicamente en los derechos individuales.
Con el fin de combatir la pobreza y las asimetrías económicas y de desarrollo, reconoce la función del Estado como regulador de la economía, para poder apuntalar un desarrollo más equitativo, con una mejor y más justa redistribución de la riqueza, guardando al mismo tiempo un mayor equilibrio con la sostenibilidad, como instrumentos que permiten hacer frente la tiranía propia de un mercado desregulado, que se encuentra alejado del desarrollo en su conjunto.
Se trata de una Constitución (2008) innovadora, porque en medio de una crisis climática global, cuenta con derechos de la naturaleza, reconociendo que los ecosistemas tienen valor intrínseco y deben ser protegidos legalmente. De esta manera promueve principios de preservación de ecosistemas y gestión ambiental responsable, con inversión social, redistribución de riqueza y control de recursos estratégicos, articulando progreso económico con justicia ecológica.
Esto significa que el Estado no solo administra recursos, sino que también puede y debe intervenir activamente en la corrección de desigualdades y protección de los bienes comunes, incluidos los ecosistemas que hoy se encuentran amenazados con la propuesta de alteración constitucional.
Se trata de un modelo de Estado que reconoce la multiculturalidad y la diversidad, que permite la integración de distintas identidades y cosmovisiones en la construcción de políticas públicas, fortaleciendo los mecanismos de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
De esta manera la Constitución del 2008 da legitimidad al Estado y asegura que el desarrollo sea construido colectivamente, no impuesto desde arriba para beneficiar tan solo a unos cuantos. Esta combinación de justicia social, protección ambiental, economía regulada y participación ciudadana, promueve un modelo de desarrollo integral, en donde progreso económico, bienestar humano y sostenibilidad ecológica se entrelazan.
Como podemos apreciar, la Constitución de 2008 es una herramienta progresista de desarrollo, porque redefine al Estado como garante de derechos, de bienestar material, de justicia social y sostenibilidad ecológica, integrando pluralidad cultural y participación ciudadana, orientando al país hacia un modelo de desarrollo humano integral.
Alterar la realidad de dolor e injusticias que vive Ecuador, demanda de la sociedad civil y de los movimientos sociales superar enfoques unidimensionales, generando alianzas horizontales que fortalezcan la legitimidad política. Esto es, articular las diversas luchas y demandas sociales: género, clase, etnia, ambiente, de modo que no se reduzcan a agendas aisladas, sino que se conviertan en una alianza que se reconoce mutuamente en la defensa de la Constitución (2008).
La articulación entre estas agendas diversas, no solo multiplica el alcance de los movimientos, sino que contribuye también a fortalecer la democracia, al preservar activas y vigente las diversas agendas sociales, dando lugar a una representación de voces más amplia, para que no vuelvan a estar excluidas, fortaleciendo así la legitimidad institucional, sin recurrir a la exclusión o el autoritarismo.
Revivir la Constitución del 2008 consolida la relación de colaboración entre distintos movimientos, fomenta consensos compartidos y el compromiso con una sociedad heterogénea. Esta forma de acción colectiva permite que la democracia sea más inclusiva, deliberativa y participativa, redefiniendo la democracia como un proceso dinámico y plural, donde diversidad y cooperación fortalecen el bien común.