Desde el 9 de enero de 2024, cuando fuimos testigos de la transmisión en vivo de una irrupción armada en TC Televisión, Ecuador entró en una fase de conflictos, crisis de seguridad y represión permanente. El gobierno de Daniel Noboa intentó combatir esta coyuntura con la declaratoria de “conflicto armado interno” sin mayores resultados. Sin embargo, esa herramienta la utiliza como aparato ideológico y mecanismo de dominación política.
El objetivo primario de la declaratoria de “guerra interna” era disminuir el índice de criminalidad y aplacar la violencia en el país, pero hasta ahora vemos que eso es una quimera. Según el Ministerio del Interior, en lo que va del 2025 (de enero a septiembre), se registran 6.797 asesinatos en el país. Es decir, 48 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es el año más violento que hemos vivido desde el 2021 cuando empezaron las masacres carcelarias, y que después de un tiempo se trasladaron a las calles de diferentes ciudades del país.
Como van las cosas, podríamos cerrar el año con más de 9 mil muertes violentas, eso significaría una tasa de 50 homicidios por cada 100 mil habitantes. Así, el 2025 sería el año más violento de la historia de Ecuador, hasta el momento.
La declaratoria de “guerra interna” ha sido todo un fracaso en el ámbito de la seguridad, en el país hay 25 asesinatos diarios, es decir, un homicidio cada 58 minutos. Además, en Ecuador, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, se encuentran 5 ciudades catalogadas como las más peligrosas del mundo (Durán, Guayaquil, Machala, Manta y Portoviejo).
Sin embargo, en el ámbito político, la declaratoria de “guerra interna”, le ha servido a Noboa para cosechar algunos frutos. Uno de esos “logros” es la dominación política a través de la represión. Con este mecanismo pudo implementar una cultura del miedo para imponer su modelo de gobierno.
Por ejemplo, la detención, tortura y asesinato de “Los 4 niños de las Malvinas”. El Gobierno y la fuerza pública intentan aleccionar a la sociedad con este tipo de procedimientos de represión. Todo aquel que esté por fuera del orden constituido será detenido, y si es necesario serán aniquilados.
Como sociedad hemos normalizado la violencia y la represión porque el Estado ha utilizado todas las estrategias posibles para imponernos un relato, un encuadre y una narrativa útil para sus intereses y acciones bélicas. Muchas de estas han sido denunciadas por constituir graves violaciones a los Derechos Humanos.
Pero ahí está el Estado y el sistema de justicia para hacer frente común y espíritu de cuerpo para minimizar, atenuar y hasta para dejar en la impunidad la represión y la extralimitación de los miembros de la fuerza pública.
El presidente Noboa ha repetido en varias ocasiones que cuentan con el respaldo de Gobierno y que pueden hacer uso de la fuerza sin contemplaciones. Que no serán castigados por cumplir con su “deber”.
Los medios de comunicación, periodistas, generadores de opinión pública y un sector de la sociedad se sumaron al relato del Gobierno e intentaron justificar el asesinato de los 4 niños de Guayaquil, supuestamente porque esteban delinquiendo. Por cierto, esa acusación hasta ahora no ha sido corroborada por Fiscalía.
Por otro lado, el Gobierno, aprovechando el contexto de violencia, en la Consulta Popular de abril del 2024, logró imponer su relato sobre la falta de recursos para combatir al crimen organizado, por lo que propuso el incremento del IVA del 13 al 15%, supuestamente para dotar de armamento y recursos a la fuerza pública para hacerle frente a las bandas del crimen organizado.
Poco a poco ese encantamiento se desvaneció porque los asesinatos, robos, vacunas y secuestros se volvieron parte del paisaje urbano de los noticieros estelares. Su relato, en la práctica, se fue desvaneciendo, no obstante, desde el marketing político han logrado construir piezas comunicacionales para posicionar una supuesta efectividad de la fuerza pública en el combate al crimen organizado.
Es más, la cuestionada y polémica vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, en la rueda de prensa del lunes 13 de octubre, exaltaba la captura de 16 de los 18 delincuentes considerados de alto valor, de los 120 de 249 objetivos de mediano valor puestos tras las rejas y de la extradición de 2 de los cabecillas de las bandas más violentas del país.
El relato gubernamental se apalancó en mensajes que utilizaban palabras como: combate al narcoterrorismo, combate a los grupos de delincuencia organizada, crimen organizado transnacional, guerra entre bandas, narco-política, insurgencia criminal, sicariato, incursión bélica, incursión militar, uso legítimo de la fuerza, estado de excepción, guerra contra el crimen organizado, guerra interna, minería ilegal, contrabandistas, terroristas, represión, control y paz.
El Gobierno, sus defensores y los medios legitiman sus acciones de represión y discursos violentos. La declaratoria de conflicto armado interno o conflicto armado no internacional (CANI) activó la presencia y el poder militar, pero también apuntaló la dominación política.
Noboa ha logrado implementar un Estado policiaco, de persecución, represión y de amedrentamiento. Aplica la fórmula: si no estás conmigo, estás en mi contra y por lo tanto tengo que aniquilarte, sacarte de la jugada política utilizando todos los poderes del Estado y saltándome el orden constituido.
Ese fue el caso de la Exvicepresidenta Verónica Abad, a quien la destituyó de forma inconstitucional con un simple sumario administrativo por abandono del trabajo. Por no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre, sino el 9 de ese mes. La Ministra de Trabajo instrumentalizó todo este desaguisado político y jurídico.
La misma suerte corrió el excandidato presidencial, Jean Tópic, cuando el 10 de noviembre del 2024 el Tribunal Contencioso Electoral negó su candidatura por un presunto conflicto de intereses. Tópic había logrado el cuarto puesto en las elecciones del 2023, con el 14% de los votos y se erigía como uno de los principales oponentes de Noboa en las elecciones de febrero del 2025. El poder electoral fue el principal cómplice de esta trama.
También le tocó el turno a la Corte Constitucional. El Gobierno la catalogó como aliada del crimen organizado porque impidió que se instaure la creación de un régimen jurídico especial a través de leyes económicas urgentes (Ley de Solidaridad Nacional – Ley de Inteligencia y Ley de Integridad Pública) que vulneraban derechos e imponían un patrón de intimidación, persecución y dominación a través de la fuerza pública.
En ese contexto, organizó dos marchas, una en Quito, el 12 de agosto de 2025, y otra en Guayaquil, el 11 de septiembre de 2025, para presionar a los jueces para que se pronuncien a favor de las mal denominadas leyes económicas urgentes. Como esto no sucedió Noboa y todo su aparato mediático posicionaron el framing de que la Corte Constitucional es enemiga del pueblo y que la Constitución protege y facilita las acciones y supervivencia del crimen organizado. Hasta ahora no se conoce quién financió las marchas y tampoco han presentado pruebas de sus afirmaciones.
Y la mayor exposición de la implementación de la cultura del miedo y la represión para imponer su forma de Gobierno, la vimos en los 31 días del paro nacional de la CONAIE. Empezando por su discurso autoritario y guerrerista en el que provocaba y retaba a los líderes del movimiento indígena a que le enfrenten.
Criminalizó la protesta social acusando que las movilizaciones eran financiadas por el crimen organizado, la minería ilegal, los contrabandistas y hasta aseguró que detrás de las protestas estaban miembros del grupo delictivo venezolano Tren de Aragua. Con ese relato dispusieron la congelación de cuentas bancarias de algunos dirigentes indígenas, autoridades de Imbabura y representantes universitarios de otras ciudades del país. Acusaciones que nunca fueron presentadas formalmente ante la Justicia y tampoco hubo pruebas.
Después utilizó la victimización como herramienta para deslegitimar el paro, aseguró que las caravanas en las que se movilizó hacia Imbabura y Cañar fueron atacadas con armas de fuego. El presidente y la Ministra de Energía afirmaron que los vehículos tenían huellas de los proyectiles con los cuales fueron atacados. Este relato también se desvaneció una vez que la Policía Nacional emitió un informe que contradecía las declaraciones del Ejecutivo. La ministra Manzano y el presidente no volvieron a hablar del tema.
En Otavalo, a pretexto de precautelar la integridad de un supuesto convoy humanitario donde viajaba el presidente y diplomáticos extranjeros, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional reprimieron brutalmente a los manifestantes, dejando como saldo la primera víctima mortal del paro. Efraín Fuérez fue asesinado por el Estado.
En Cañar, cinco personas fueron detenidas de forma ilegal, las mostraron como trofeo, les acusaron de ser los causantes de los supuestos disparos y agresiones a la caravana presidencial. Sin embargo, 24 horas después, la justicia determinó su libertad porque no hubo pruebas y se vulneraron los derechos de los involucrados al momento de la detención. El gobierno investiga si hubo negligencia del Servicio de Seguridad Presidencial al exponerle en un lugar donde había manifestaciones.
El gobierno de Noboa ha demostrado incapacidad para construir un proyecto de Estado que genere nuevas formas de articulación institucional para responder a las diferentes crisis sociales y políticas que se presentan en el país: crisis energética, crisis de seguridad, crisis en el sistema de salud, crisis en el sistema educativo, crisis económica, desempleo y hambre. Su respuesta ante estas crisis ha sido el silencio, la represión y el autoritarismo.