Conmovido asiste el Ecuador a una realidad latente, la de los niños sicarios, que en los últimos días se ha mostrado con absoluta crudeza ante el rostro de una nación que al parecer prefiere concentrarse en el mundial de fútbol 2026, donde nuestra “mejor selección de la historia” casi queda eliminada haciendo el “peor mundial de la historia”, de las cinco competiciones en las que hemos participado.
Esta realidad apareció primero en el aeropuerto “José Joaquín de Olmedo” de Guayaquil y luego en la Calle del Sabor” de la ciudad de Ibarra, a dos horas y media de Quito, la capital del país. En ambos lugares dos personas fueron asesinadas por sicarios de entre 15 y 16 años de edad y varias personas resultaron heridas.
Los fallecidos fueron identificados como Carlos Suástegui Villanueva, supuesto cabecilla del grupo de delincuencia organizada “Los Águilas” en el cantón El Triunfo (Guayas), y una adolescente de 16 años que fue victimada en medio de decenas de personas que el sábado 20 de junio asistieron a ver el partido Ecuador-Curazao en medio del evento cultural “la Calle del Sabor”, organizado permanentemente en las calles Bolívar y Olmedo, de la ciudad blanca.
Los dos sicarios de Guayaquil fueron detenidos en la misma terminal aérea, mientras que uno de los sicarios de Ibarra fue arrestado a pocas cuadras del evento, su cómplice logró escapar.
La frialdad con la que actuaron los “niños sicarios” espeluznó a todo el país, mostrándonos cómo actúa el crimen organizado y no organizado, contratando a estos menores de edad que, de acuerdo con un estudio de Naciones Unidas, generalmente son pobres, provienen de sectores marginales, familias disfuncionales, tienen al menos 4 años de retraso escolar al de su edad cronológica y sus padres -si es que los tienen- están desempleados.
De acuerdo con la Política Pública de Rehabilitación Social 2026-2029 publicada por el Ministerio del Interior, más de 600 menores de edad están recluidos en los 10 Centros de Adolescentes Infractores (CAI) que funcionan en todo el país, ya que de acuerdo con la legislación ecuatoriana -acorde con diferentes instrumentos internacionales suscritos por Ecuador- los adolescentes que cometan delitos no pueden ser juzgados como adultos.
Y es justamente esto último lo que hace particularmente atractivos para los grupos delincuenciales reclutar a adolescentes para que cometan este tipo de delitos, sin que al parecer el Estado ecuatoriano lo enfrente de manera integral, más allá de los permanentes “estados de excepción” que, en la práctica, no sirven para devolverle la tranquilidad a un país que vive en zozobra permanente.
Según una reciente publicación de Lupa Media, entre el 1 de enero y el 22 de marzo de 2026, un total de 386 niños, niñas y adolescentes han sido tenidos por diferentes delitos. De esa cifra, 148 por tráfico de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización, 144 por tenencia y porte de armas, 58 por extorsión, 28 por asesinato y 8 por secuestro extorsivo.
A esto se suma una cruenta realidad, el hacinamiento en los centros de adolescentes infractores donde el porcentaje se disparó al 64,8% en apenas un año, en medio del aumento de menores vinculados a actividades del crimen organizado.
Según datos oficiales, los 10 centros de internamiento del país albergan a 700 adolescentes, pese a contar con capacidad para apenas 425 personas.
La situación es especialmente grave en provincias como Esmeraldas, donde un centro diseñado para 35 internos llegó a registrar 126 adolescentes, mientras que en Guayaquil hay 209 jóvenes en un espacio previsto para 150.
En este escenario, la estéril disputa entre la élite política está condenando a nuestras niñas, niños y adolescentes a una realidad sin presente y sin futuro. A este paso, cuando lleguen al poder o permanezcan en el mismo gracias al favor del pueblo en las urnas, ya no habrá país.