El 9 de diciembre se conmemoró El Día Internacional contra la Corrupción y el Gobierno de Noboa decidió, de forma descarada, publicar varias imágenes y textos para posicionar una narrativa oficial de transparencia y combate a la corrupción, cuando en esta administración lo que más se acumulan son denuncias de actos de corrupción e impunidad.

Resulta patético que “El Nuevo Ecuador” quiera mostrarse como el adalid de esta lucha titánica si sus propios funcionarios, es más, el mismo presidente, su esposa, hermano y tía están involucrados en varios casos de corrupción.

En apenas 2 años, el Gobierno de Noboa ya tiene en su prontuario de corruptelas más de 13 casos que le han significado al Estado ecuatoriano un desfalco millonario.

Desde el inicio de su mandato, Noboa demostró cuál sería la impronta de su Gobierno. Apenas 20 días después de mudarse a Carondelet, su hermano menor, Santiago Noboa, constituyó una empresa llamada Petronoboa S.A., el 13 de diciembre de 2023, con un capital de apenas USD 2.000.

El 24 de enero de 2024, Petronoboa compró la gasolinera Río Verde, ubicada en El Triunfo, en la provincia del Guayas. Lo hizo por un valor de USD 2,4 millones.

El 12 de marzo, Servioil CIA, empresa comercializadora de combustible, solicitó a la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH) la autorización del registro de Petronoboa, como nuevo operador de la gasolinera Río Verde. El pedido fue aceptado de forma inmediata, en menos de 24 horas.

En tan solo un año de creación, Petronoboa logró facturar más de USD 9 millones. Actualmente, esa empresa enfrenta una demanda por el delito de tráfico de influencias y comercialización ilegal de combustibles.

Luego, en mayo del 2024, otro escándalo salpicó al presidente Noboa. Esta vez, alrededor de la empresa Vinazin, propiedad de su esposa. Esta empresa intentaba construir un proyecto inmobiliario en un área protegida. Les entregaron los permisos ambientales en tiempo récord. Los agenciosos ministros de energía, Roberto Luque, y de ambiente, Sade Fritschi, ni siquiera pestañaron antes de firmar los papeles habilitantes.

Es más, Roberto Luque, a través de la empresa Geosismica, de la cual es accionista, realizó los estudios de factibilidad del proyecto inmobiliario en Olón. Sin embargo, los comuneros, al enterarse de semejante afrenta a su ecosistema, decidieron levantar su voz de protesta, la misma que fue reprimida de manera brutal por parte de la Policía, dirigida, en ese entonces, por la inefable ministra del Interior, Mónica Palencia.

Noboa se victimizó, dijo que era una campaña en su contra para deslegitimar su imagen con miras al proceso electoral del 2025. Palencia justificó sus órdenes represivas aduciendo que en las manifestaciones de Olón había extranjeros involucrados. Hasta ahora no ha presentado pruebas de sus aseveraciones. Lo que si quedó claro es que en este caso los ministros y familiares de Noboa siguen impunes.

Asimismo, en el caso El Ordeño está involucrada la tía del presidente, doña Isabel Noboa. Esa empresa obtuvo el contrato de desayunos escolares por 150 millones de dólares. La tía también está involucrada en la fallida concesión del Campo Sacha, un millonario caso que buscaba granjearse la explotación petrolera por 20 años con un jugoso negocio de 88 barriles para la empresa concesionaria y sólo 12 barriles para el país.

¿Pero cuál es el nexo entre los desayunos escolares y un campo petrolero? Dos cosas: el mismo número de teléfono y la misma dirección de las dos empresas vinculadas a la tía Isabelita.

Pero esos no son los únicos casos que salpican a la familia Noboa. El prontuario es largo. El caso Porsche Cayenne que asomó en la Isla Trinitaria, en la casa del detenido por un acto de terrorismo ocurrido en junio de 2025 en la Bahía de Guayaquil.

La deuda de 98 millones de dólares que se desvaneció en el SRI gracias a la Ley de Integridad Pública que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, pero que la familia Noboa, de forma astuta, decidió utilizarla antes de que se aplique la decisión de la Corte. Un dato no menor, la directora del SRI, Alexandra Navarrete, exgerente tributaria de Exportadora Noboa.

Otro caso es el de Noboa Trading, que esta vinculado a los narcos de los Balcanes que usaron contenedores de banano para enviar droga a Europa y que en los chats de los líderes de este cartel aseguran que tienen la anuencia para contaminar los contenedores desde hace años, así lo develó la investigación del Proyecto de Denuncia del Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, por sus siglas en inglés). Sobre este caso, la familia presidencial ha guardado un silencio sepulcral.

La compra de los “chalecos de cartón”, por 35 millones de dólares, a la empresa High End Defense Solutions LLC, declarada como proveedor incumplido y que no podía contratar con el Estado, fue la adjudicataria de este millonario proceso. Que encima más, a decir del Teniente Coronel, Washington Rosero, los chalecos no cumplían con los estándares de seguridad requeridos.

El “valiente” ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, defendió a ultranza esta adquisición, dijo, de forma pueril, que la empresa no había cumplido con un contrato con la Policía Nacional y no con el Ejército ecuatoriano, como si las dos instituciones no fueran parte del Estado. Con ese “simple” argumento intentó santificar el proceso amañado, no obstante, lo único que develó fue sus intereses con la empresa contratante y su estulticia sobre la normativa de compras públicas, de un ministro que rige la política de defensa nacional.

Igual de aberrante es el caso de la compra de La Posta y Radio Centro. Dos medios de comunicación que fueron adquiridos por 2.6 millones de dólares por el testaferro Luis Alvarado Campi, asambleísta alterno de ADN, de su esposa, la legisladora, Jeanine Rizzo Alvear, presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero.

El “magnate” Alvarado Campi constituyó la empresa Galamedios en julio de 2025 con un capital de 50 mil dólares. Es el único accionista, pero está gerenciada por el señor Víctor Guivernau Escobedo, padre de Álvaro Guivernau Becker, esposo de la vicepresidente de la Asamblea Nacional, la legisladora de ADN, Mishel Mancheno, y gerente de Exportadora Noboa y presidente de Noboa Trading.

Ante el vacío de poder que deja Noboa, sus “amigotes” usufructúan del Estado. Así lo hizo Edgar Lama, el extitular del Directorio del IESS, que buscó la forma de regalarle 150 millones de dólares, durante 5 años, a la Startup fantasma Healthbird. Con el cuento de una nueva plataforma digital para el agendamiento de citas en el sistema de salud. Burlándose del pueblo que clama por un servicio público eficiente y digno.

La presión social, política y mediática obligaron a los aventureros de este nuevo atraco a desistir de su intención de llevarse impúdicamente el erario de los ecuatorianos. A vista y paciencia del Gobierno de Noboa, de las autoridades de control, hasta con la anuencia y complicidad de la Asamblea Nacional que no le da la gana de fiscalizar absolutamente nada.

Sin duda alguna, los casos de corrupción alrededor de la emergencia eléctrica son los más escandalosos. En el caso barcazas, el oficioso Roberto Luque afirmó, en varios medios de comunicación, que la empresa turca Karpowership ya estaba movilizando sus barcazas hacia aguas ecuatorianas sin siquiera haber lanzado las bases del concurso. Esto sucedió en junio y el proceso recién empezó en agosto del 2024. A la empresa turca se le adjudicó varios contratos que suman 268 millones de dólares por la generación eléctrica y estará vigente hasta marzo del 2026.

Asimismo, el carroñero Roberto Luque viajó raudo a EEUU con Fabián Calero para verificar que, los generadores eléctricos que iba a entregar PROGEN eran los que el Ecuador necesitaba, para evitar cortes de luz de hasta 14 horas diarias. Sin embargo, el paseo de los dos funcionarios nos resultó demasiado caro. La empresa fantasma entregó fierros viejos, usados, dañados e incompatibles con nuestro sistema de generación eléctrica. La misma historia se repitió con ATM, empresa uruguaya que recibió millonarios desembolsos sin haber generado un solo megavatio de energía para el país.

A pesar de los incumplimientos de PROGEN y ATM, el Gobierno de Noboa pagó cerca de 200 millones de dólares a estas dos empresas. Los ministros Roberto Luque e Inés Manzano se lavan las manos, dicen, descaradamente, que no tienen nada que ver en la firma de esos contratos, mientras que Fabián Calero, rebuzna desde la clandestinidad.

Ante estos impúdicos casos, ni la Fiscalía, ni la Contraloría, ni la Asamblea, ni el SRI, ni la UAFE han dicho absolutamente nada. Ni siquiera se han despeinado. Siguen dormitando en la burbuja del poder. Capaz están esperando que el cabreo del pueblo les reviente los oídos con la conocida consigna del hartazgo popular, que se escuchó en las calles del país durante una década, desde 1996 hasta el 2006, QUE SE VAYAN TODOS.

Y cómo no empezar a preparar la garganta y las cacerolas si los entramados de corrupción e impunidad se han convertido en la impronta de este Gobierno, que tiene a un presidente ineficiente, ausente y silente, ante la realidad que vive el país.