El Gobierno de Daniel Noboa decidió poner en jaque a las universidades públicas recortándoles 128 millones de dólares en el Presupuesto General del Estado para el 2026. Esto, sin duda alguna, incidirá en la calidad educativa, en la investigación, en las publicaciones, pero, sobre todo, en el acceso de los jóvenes a las diferentes carreras universitarias. Nuevamente la educación superior se convertirá en un privilegio.

La asignación de recursos en 19 instituciones de educación superior será menor en relación al 2025. Una de las más afectadas será la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, sólo recibirá 3 millones de dólares, recursos que apenas le alcanzará para cubrir el gasto corriente. No podrá invertir en programas de investigación, en publicaciones académicas, tampoco podrá contratar más profesores titulares y mucho menos podrá aumentar el cupo para que más alumnos puedan ingresar a sus aulas. En el 2025, el Gobierno le asignó 12 millones de dólares, pero ahora decidieron recortarle 8 millones de dólares, lo que implica una reducción del 70% de los recursos.

Otras instituciones afectadas serán la Universidad Central, le recortaron 15 millones de dólares, a la ESPE 20 millones, a la Universidad de Cuenca 11 millones, a la Politécnica de Chimborazo 10 millones, a la Universidad de Cotopaxi 8 millones y la lista sigue.

Sin embargo, el Gobierno, sus ministros, asambleístas de ADN y sus voceros recurren a malabares retóricos y matemáticos para convencer a los docentes, estudiantes y ciudadanía, que se aumentó el rubro para educación. En un comunicado, la Bancada de ADN dijo que en el PGE 2026 se impulsa la formación superior incorporando USD 58 millones adicionales y USD 150 millones en inversiones para 22 universidades y escuelas politécnicas, pero lo que se les olvidó mencionar es que esos recursos son para universidades privadas.

En la Asamblea Nacional, el sábado 29 de noviembre, 78 legisladores de ADN, Pachakutik, Partido Social Cristiano y aliados decidieron darle la espalda a los jóvenes ecuatorianos que buscan en la formación superior una opción para profesionalizarse y tener más oportunidades laborales. Los asambleístas aprobaron la proforma del Presupuesto General del Estado 2026, con una reducción de 128 millones de dólares para las universidades públicas.

Prefirieron asegurar el pago de la deuda externa que bordea los 15 mil millones de dólares y reducir al mínimo la inversión pública. Un tercio del presupuesto se destina para esto en detrimento de la inversión en lo social o para el desarrollo del país.

Esta carga financiera al pago de la deuda frenará el crecimiento, deteriorará los servicios públicos esenciales y el pueblo seguirá sin insumos médicos en los hospitales, la infraestructura educativa no recibirá mantenimiento, las carreteras se deteriorarán, la inseguridad aumentará, el desempleo crecerá y la pobreza cada vez será más evidente en las esquinas de los 222 cantones del país.

Ante ese escenario de inminente catástrofe política, económica y social, los jóvenes universitarios levantaron su voz rebelde y exigen al Gobierno de Noboa que les devuelva los recursos que les corresponde por ley.

Su atrevimiento, propio de la indignación que les generó saber que les están cortando las alas y les están poniendo barreras al cumplimiento de sus sueños, les empujó a darle un ultimátum al presidente: “tienes hasta el 31 de diciembre para dar de baja los recortes, si no lo haces, mejor da un paso al costado porque no tienes la capacidad de dirigir el país”, dijo, con firmeza, Camila Aguirre, coordinadora de Transformación Universitaria de la Universidad Central del Ecuador.

Así como Noboa le pone en jaque a las universidades públicas con el recorte presupuestario, los jóvenes estudiantes anuncian el despertar del espíritu revolucionario que también le puede poner en jaque al Gobierno.