El jueves 9 de agosto de 2023 la campaña electoral para la presidencia de la república de Ecuador se tiñó de sangre. Al salir de un mitin, el candidato de Construye, Fernando Villavicencio, fue baleado por unos sicarios que tenían el encargo de acabar con su vida.
El magnicidio conmocionó al país entero. A puertas de un feriado nacional y a pocos días de asistir a las urnas para elegir al nuevo inquilino de Carondelet. Los ecuatorianos, esa tarde y noche, no sabían si era fake news o verdad el asesinato del candidato presidencial.
Las redes sociales se inundaron de rumores, de memes y en pocos minutos hasta se señalaron a los supuestos culpables del magnicidio.
En nuestra sociedad tan polarizada, que nos encantaría que sea politizada, pero que los actores políticos se han encargado de sembrar odio, asco y reticencia hacia el “Otro” que no piense o comulgue con su forma ideológica de ver e interpretar el mundo.
Rápidamente se impuso la cultura del miedo y eso ayudó a la tendencia política electoral de derecha. El odio ayudó a radicalizar el voto rechazo en contra de las candidaturas consideradas de izquierda o progresistas.
Los interesados en sembrar el caos entendieron que, aquellos que dominan el miedo, dominan la política y desde ese hecho, hasta ahora, se han encargado de implantar, manejar y dosificar la cultura del miedo.
Atraparon a seis supuestos autores del magnicidio, elucubraron sobre los presuntos autores intelectuales del execrable asesinato y culparon, sin prueba alguna, al “correísmo”.
El 6 de octubre de 2023, en la Penitenciaria del Litoral, 6 de los 13 implicados en el crimen fueron asesinados y uno más corrió la misma suerte en la cárcel de El Inca. A ese cruento y extraño suceso se sumaron muchos rumores, teorías del caso inverosímiles, supuestos culpables y versiones contradictorias que forman parte de las investigaciones del magnicidio.
A pesar de eso, el pasado 24 de julio de 2024 fueron sentenciados como responsables materiales del crimen a Carlos Angulo, alias invisible, como autor mediato, Laura Castillo, alias flaca, como coautora, estos fueron condenados a 34 años de prisión; y como cómplices Érick Párraga, Alexandra Chimbo y Víctor Flores, condenados a 12 años de cárcel.
Y después de un año señalan como presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio a José Serrano, exministro del interior en el gobierno de Rafael Correa; Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana; Xavier Jordán, procesado en varios casos como el reparto de hospitales y Daniel Salcedo, sentenciado a 34 años de cárcel por actos de corrupción en el sistema judicial y de salud.
Llama la atención que en esta lista ya no conste el nombre del exvicepresidente Jorge Glas, que en un momento formaba parte de los presuntos sospechosos según el testimonio de Lenin Vimos, abogado sentenciado por el Caso Plaga. Al parecer, ese sería el testigo protegido que habría revelado que se pagó 1 millón de dólares por el asesinato de Villavicencio. A pesar que antes se hablaba de un pago de 200 mil dólares. Según su testimonio, este se enteró de los detalles del magnicidio una vez que llegó a la cárcel, ahí le habrían divulgado detalles del crimen.
A este entramado de nombres y acciones se suman más dudas que certezas. Por ejemplo: ¿Por qué no constan los nombres de Adolfo Macías, alias Fito, Colón Pico y Pablo Muentes en las investigaciones si supuestamente serían parte de la estructura de este hecho? ¿Qué pasó con los supuestos sicarios colombianos que fueron capturadas y asesinadas en la cárcel? ¿La policía ya explicó el caso? ¿El SNAI ya identificó a los responsables? ¿El Director de la Penitenciaría ya fue sentenciado? El exdirector General de Investigación de la Policía Nacional, General Alain Luna, ¿rindió su versión sobre el asesinato de los 6 colombianos implicados en el caso? ¿Qué pasó con el celular de Villavicencio y la información que se encontró en ese dispositivo móvil? ¿El FBI sigue investigando o su participación sólo fue coyuntural? ¿Sigue en firme la recompensa de 5 millones de dólares que ofreció EEUU para quien entregue información?
Mientras se siga utilizando de forma política y coyuntural los procesos, las investigaciones y los juicios, los administradores de justicia tendrán que responder por sus acciones y sentencias selectivas.
El sistema de justicia del país está en deuda con los ecuatorianos. Hoy más que nunca debe mostrar transparencia, celeridad y objetividad para reconstruir su credibilidad, su imagen y, sobre todo, para que la sociedad entera vuelva a creer en el sistema.
Debe identificar quién o quiénes mandaron a callar a Fernando Villavicencio y por qué.
Mientras eso no suceda, nosotros le seguiremos poniendo EL DEDO EN LA LLAGA AL SISTEMA DE JUSTICIA.